jueves, 6 de diciembre de 2012

¿Seguirán otros "insolventes" sus mismos pasos?

Díaz Ferrán y sus cómplices, en prisión


Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la patronal española CEOE, pasó ayer su primera noche en la cárcel madrileña de Soto del Real tras prestar declaración como presunto autor de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó prisión para el empresario eludible mediante el pago de una fianza de 30 millones, que al menos ayer no abonó. Otros seis implicados fueron conducidos a la cárcel, entre ellos Ángel de Cabo, comprador de Marsans y cerebro de la trama societaria para «vaciar» el patrimonio del grupo, para quien el juez ha fijado una fianza de 50 millones, la más alta de la historia judicial española.

Díaz Ferrán fue conducido en un furgón policial a la Audiencia Nacional a primera hora de ayer junto a otros detenidos en la «operación Crucero», la investigación iniciada a partir de una denuncia de acreedores que ha destapado cómo el ex líder de la CEOE y su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido, presuntamente urdieron una trama junto a Ángel de Cabo para «vaciar» de patrimonio el grupo Marsans y evitar el embargo de los bienes personales. Gerardo Díaz Ferrán lo negó ante el juez y señaló, además, que la responsabilidad de la gestión del día a día de Marsans era responsabilidad de Gonzalo Pascual, muerto el pasado mes de junio.

Las averiguaciones dirigidas por Eloy Velasco indican que Gerardo Díaz Ferrán simuló su insolvencia patrimonial. Según el auto en el que se dicta prisión para el empresario, los dos socios en Marsans traspasaron el grupo empresarial y todos sus derechos, así como el patrimonio personal y familiar de ambos, al entramado societario de Ángel de Cabo. Esto es, cuando Marsans entró en quiebra, con más de 10.000 acreedores y centenares de millones en deudas, Díaz Ferrán y Pascual pactaron una venta ficticia a De Cabo a través de la sociedad Posibilitum. Ésta se ocupó después, mediante sociedades instrumentales encabezadas por testaferros, de intentar vender o distraer propiedades inmobiliarias y otras, así como dinero en efectivo, perteneciente a los negocios del grupo Marsans.

Como parte del trato, según consta en el auto, Díaz Ferrán y Pascual recibirían de Ángel de Cabo 100.000 euros por cabeza cada mes, hasta sumar la cantidad de ocho millones. El ex presidente de la CEOE acudía cada dos o tres semanas a la sede valenciana del despacho de abogados de De Cabo para cobrar. No consta, precisa el auto, que Gonzalo Pascual llegara a recibir pago alguno. Gerardo Díaz Ferrán había sido declarado insolvente tras la quiebra de Marsans, a pesar de que ingresaba en dinero negro 100.000 euros al mes.

El juez Velasco añade que, como parte de la estrategia, Ángel de Cabo tomo el control de Marsans a través de Posibilitum y empezó a detraer tesorería y activos de las empresas que componían el grupo. La trama se redondeaba mediante contratos ficticios para la venta de los bienes o la entrega del dinero a sociedades que los colocaban en paraísos fiscales (Liechtenstein, Hong Kong, Suiza...).

En el curso de las investigaciones, la Audiencia Nacional ha bloqueado unos 50 millones de euros en metálico y cheques al portador que el entramado de De Cabo presuntamente intentaba sacar de España y que provenían de sociedades del grupo Marsans y de otras empresas vinculadas a Díaz Ferrán y a Gonzalo Pascual. El ex presidente de la CEOE negó ayer ante el juez que tenga bienes en el extranjero o dinero en cuentas opacas del extranjero y ha rechazado cualquier responsabilidad en la supuesta trama para el vaciamiento patrimonial de Marsans.

En la tarde de ayer, Ángel de Cabo y otros cinco detenidos -entre ellos su mano derecha, Iván Losada, para el que se ha fijado una fianza de 30 millones- ingresaron en la prisión de Soto del Real. Anoche se esperaba que Gerardo Díaz Ferrán fuera conducido al mismo centro penitenciario tras haber prestado también declaración como imputado en el caso abierto también contra el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa por la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros a Air Comet, antigua aerolínea del grupo Marsans. Con semblante serio, vestido de traje, sin corbata y con barba de dos días, Díaz Ferrán entró en los Juzgados de plaza de Castilla para negar también allí que aquel crédito fuera irregular.

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